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Gestión de variables sociales, relacionamiento comunitario e inversión social para proyectos minero-industriales.
Ningún proyecto minero, industrial o de infraestructura se sostiene en el tiempo sin licencia social. En Biodiversa SAS integramos las variables sociales desde la etapa de prefactibilidad de cada proyecto: caracterizamos el territorio, identificamos actores e intereses, anticipamos escenarios de conflictividad y construimos con las comunidades acuerdos verificables. Nuestro equipo de trabajadores sociales y profesionales del área socioeconómica opera en campo, en el área de influencia real del proyecto, no desde el escritorio.
Diseñamos y ejecutamos planes de gestión social alineados con los términos de referencia de la ANLA y las corporaciones autónomas regionales, con los Planes de Gestión Social exigidos en los contratos de concesión minera (artículo 22 de la Ley 1753 de 2015, términos de referencia de la Resolución ANM 263 de 2021) y con los Programas en Beneficio de las Comunidades del sector hidrocarburos. Esto incluye la socialización formal del proyecto con comunidades, Juntas de Acción Comunal y autoridades locales, la atención documentada de PQRS comunitarias y la estructuración de proyectos de inversión social con criterios de pertinencia y sostenibilidad.
Con más de 12 años de experiencia en los sectores minero, industrial y de infraestructura, y cobertura nacional desde nuestras sedes en Neiva y Bogotá, entendemos la gestión social como un componente técnico del proyecto —con línea base, indicadores, evidencias y reporte a la autoridad— y no como un anexo protocolario. El resultado: menos conflictividad, expedientes defendibles ante la autoridad ambiental y minera, y relaciones de largo plazo con el territorio.
Levantamiento en campo del componente socioeconómico del área de influencia: demografía, servicios públicos, actividades productivas, tejido organizativo y presencia de comunidades étnicas. Insumo directo para EIA, PMA y Planes de Gestión Social, conforme a la Metodología General de la Resolución 1402 de 2018.
Formulación, ejecución y seguimiento de planes de gestión social para proyectos licenciados y de los Planes de Gestión Social exigidos en contratos de concesión minera según los términos de referencia de la ANM, con programas, indicadores y presupuesto auditables.
Diseño y ejecución de reuniones informativas y de socialización con comunidades, JAC y autoridades locales en cada etapa del proyecto, con convocatoria verificable, actas, registro fotográfico y matrices de compromisos: el soporte que exige la autoridad ambiental.
Estrategia permanente de relacionamiento territorial: mapeo de actores, mesas de diálogo, gestión de acuerdos y presencia continua en el área de influencia para mantener canales de comunicación abiertos antes, durante y después de la operación.
Implementación y operación del mecanismo de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes comunitarias del proyecto: recepción en campo y oficina, trazabilidad, tiempos de respuesta y cierre documentado, articulado con los reportes de los ICA.
Estructuración y acompañamiento de proyectos de inversión social voluntaria y obligatoria —incluidos los Programas en Beneficio de las Comunidades del sector hidrocarburos— con priorización participativa, viabilidad técnica y medición de resultados.
Acompañamiento técnico y logístico al titular del proyecto en las etapas del proceso de consulta previa con comunidades étnicas: insumos socioeconómicos, apoyo en preconsulta, talleres de impactos y protocolización de acuerdos ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior.
Análisis de riesgo social, protocolos de atención de contingencias comunitarias y mediación en escenarios de tensión (bloqueos, inconformidad por contratación local o afectaciones percibidas), orientados a restablecer el diálogo y proteger la continuidad operativa.
Revisión de información secundaria y trabajo de campo para caracterizar el área de influencia: comunidades, JAC, autoridades, líderes, comunidades étnicas certificables y antecedentes de conflictividad del territorio.
Diseño de programas, cronograma, indicadores y presupuesto alineados con los términos de referencia aplicables (ANLA, CAR o ANM) y con las obligaciones del instrumento ambiental y del título minero o contrato.
Ejecución de las reuniones de socialización del proyecto con comunidades y autoridades locales, levantamiento de actas y matrices de compromisos, y concertación de los programas y mecanismos de participación.
Ejecución en campo de los programas sociales: educación y comunicación, contratación de mano de obra local, inversión social, fortalecimiento comunitario y operación del mecanismo de PQRS.
Seguimiento a indicadores y compromisos, atención de PQRS dentro de los tiempos definidos y activación de protocolos de manejo cuando surgen escenarios de tensión o conflictividad social.
Consolidación de evidencias e informes periódicos para los ICA ante la autoridad ambiental y los reportes del Plan de Gestión Social ante la ANM, con archivo documental completo y auditable.
Trabajamos conforme a la regulación ambiental y minera vigente en Colombia.
Ley 99 de 1993
mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, incluidas las audiencias públicas ambientales (art. 72)
Decreto 1076 de 2015
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente: licenciamiento ambiental y lineamientos de participación en estudios ambientales
Resolución 1402 de 2018 (MADS)
Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales y términos de referencia ANLA para el medio socioeconómico
Ley 1753 de 2015 (art. 22) y Resolución ANM 263 de 2021
Planes de Gestión Social obligatorios en contratos de concesión minera, en concordancia con la Ley 685 de 2001 (Código de Minas)
Ley 21 de 1991 (Convenio 169 de la OIT) y Decreto 1320 de 1998
consulta previa con comunidades indígenas y negras
Directiva Presidencial 08 de 2020
guía para la realización del proceso de consulta previa
Sí. Los términos de referencia de la ANLA y de las corporaciones autónomas regionales exigen acreditar, dentro del EIA, los lineamientos de participación: informar a las comunidades y autoridades del área de influencia sobre el proyecto, sus impactos y las medidas de manejo, con soportes verificables (convocatorias, actas, listados de asistencia, registro fotográfico). Una socialización mal documentada es una de las causas más frecuentes de requerimientos de información adicional, que pueden retrasar el licenciamiento varios meses.
Nuestro equipo de gestión social le propone el alcance, el cronograma y el presupuesto de su proyecto sin costo inicial.